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¿Prevaricó el Tribunal del 11 M?, por Milagros Jiménez.

14 de julio de 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de Milagros Jiménez.

El diccionario define claramente la palabra “prevaricación”, y recoge la siguiente definición: “Delito que cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo”.

En el juicio por los atentados del 11 M, al juez Gómez Bermúdez, presidente del tribunal, y a los dos vocales, Sres. García Nicolás y Guevara, muchos de los testigos que desfilaron por la Sala les mintieron descaradamente. Pruebas fehacientes de estas mentiras hay miles, pero valga un botón de muestra como eslabón de la cadena de falsos testimonios expresados ante los sordos oídos del Tribunal. Veamos un ejemplo:

El día 17 de mayo de 2007, comparecen en sede judicial los peritos responsables de los estudios complementarios, que no autopsias, realizados a los restos de los supuestos suicidas, hallados en Leganés. Ante la pregunta realizada por un abogado de la defensa acerca de si se habían examinado los cuerpos de Torronteras y de los presuntos suicidas por si habían inhalado gases, el perito José Luis Prieto Carrero, responsable del informe antropológico y de la petición de análisis toxicológicos, responde que los cadáveres de los “suicidas” no presentaban características morfológicas externas que lo hicieran sospechar y que “el análisis toxicológico que se pidió tampoco determinó la presencia de monóxido de carbono o de otros gases que se hubieran inhalado” :

“Presidente del Tribunal, Sr. Gómez Bermúdez: Estos son los peritos que han examinado el cadáver del señor Torronteras, ¿y ustedes?

P1, Dr. Prieto Carrero: Bueno, en nuestro caso ocurría algo bastante similar, es decir, las características morfológicas externas de los cadáveres no hacían sospechar esto, pero aún así el análisis toxicológico que se pidió tampoco determinó la presencia de monóxido de carbono o de otros gases que se hubieran inhalado”.
Minuto 00: 23:11. http://especiales.libertaddigital.com/11-m/transcr

Sin embargo, esta analítica de carboxihemoglobina, que hubiera servido para detectar y medir el porcentaje de derivados anormales de hemoglobina resultante de envenenamiento por monóxido de carbono, ni la analítica de tóxicos hipoxemiantes, que habría detectado la inhalación de otro tipo de gases, no fueron solicitadas, es decir, NO SE REALIZARON como puede comprobarse en el folio 985 y s.s. de la Pieza Separada de Leganés, donde constan los informes toxicológicos. Así lo acreditan los jueces en la página 446 de la sentencia:

“Como argumento secundario o subsidiario, pero reiteradamente expuesto a lo largo de la vista oral, bien durante los interrogatorios a testigos o a peritos, o bien en los informes, diversas defensas -incluso, sorprendentemente, alguna acusación- cuestionaba los resultados y la exhaustividad de los exámenes médico-legales porque no se había detectado “humo o restos de gas” en los pulmones de los suicidas a pesar de que los GEO usaron bombas lacrimógenas antes de la explosión. Este argumento padece también del mismo defecto: Toma un dato aisladamente -la ausencia de él, en este caso para, omitiendo cualquier otro que lo explique, elucubrar sobre hipótesis puramente imaginativas, pues carecen del más mínimo sostén probatorio. La respuesta a esa cuestión está documentada y obra unida a los autos, como veremos, en el folio 985 de la pieza separada de Leganés”.
El tribunal sabía, por tanto, qué pruebas se habían realizado, puesto que conocía en qué lugar del Sumario se hallaban los informes toxicológicos correspondientes, tal y como hemos visto. Así pues, tenía que conocer también que esas pruebas no se habían realizado pese a lo afirmado por el perito Prieto en el juicio. Como sabría también que las escasas pruebas toxicológicas sólo se les practicaron a cuatro cuerpos y que además se había incluido un quinto informe falso. Presumiblemente, por esta razón, el tribunal no compra la mentira que el perito Prieto le espetó en sus narices y así literalmente en el folio 451 de la Sentencia expresa lo siguiente:

“No se pidió analítica para detectar alcohol etílico, tóxicos hipoxemiantes, carboxihemoglobina, glucemia, glucosa en HV ni anticuerpos del SIDA”.

Sin embargo, sufre un inesperado ataque de amnesia y se olvida de aplicar los arts. 458, 459 y 460 del Código Penal: “El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses” […] “Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis a tres años”.
Y de esta forma, acaba por no deducir testimonio ante una mentira tan flagrante. Hablando en roman paladino, se pasa la ley por el arco del triunfo.
Como vemos, el tribunal tuvo que ser consciente de la mentira, y, aun así, se saltó a la torera la ley. El Sr. Gómez Bermúdez y sus vocales incumplieron esos artículos citados. ¿Quiere decir esto que COMETIERON UN DELITO DE PREVARICACIÓN a sabiendas? Si actuaron por ignorancia, algo que no parece ser el caso, tampoco queda exento el tribunal de sospecha, ya que el art. 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice con cristalina claridad lo siguiente “El Tribunal examinará por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la más segura investigación de la verdad”.

De esta forma, a sabiendas o por ignorancia, Don Javier Gómez Bermúdez, Don Fernando García Nicolás y Don Alfonso Guevara ¿PODRÍAN HABER PREVARICADO, y, por ende, SER UNOS PREVARICADORES?

Lo que queda meridianamente demostrado es que el perito Prieto Carrero faltó a la verdad al declarar haber realizado una prueba que ni solicitó ni se hizo.

Lo que queda meridianamente claro es que los jueces del Tribunal sabían que esa prueba no se realizó, tal como lo recogen en la sentencia.

Y lo que queda meridianamente claro es que en ningún momento dedujeron testimonio contra el Sr. Prieto Carrero, es decir, no ordenaron la apertura de una investigación para comprobar la posibilidad de un delito, en relación con los datos falsos aportados por este perito.

Y la gravedad mayor del asunto estriba en que la prueba de inhalación de gases es una prueba que todos los forenses saben que hay que realizar en los casos de muerte por explosión y/o incendio, ya que muchos homicidios pueden camuflarse como suicidios o accidentes. Y sin prueba objetiva alguna que demostrase que esos individuos estaban vivos antes de la explosión, y sabiendo que el perito les había mentido, el tribunal dictamina que los muertos de Leganés SE SUICIDARON.

 

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