«Ningún banco rescatado puede cobrar gastos ni servicios a los clientes».

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Ningún banco rescatado puede cobrar gastos ni servicios a los clientes.

Es una mala praxis y un delito.

Imagine usted que debe a Hacienda, o tiene un embargo bancario privado u oficial: De cualquier dinero que usted ingrese en cuenta tendrá un embargo al menos por un porcentaje hasta que satisfaga su deuda con el acreedor. La banca rescatada, al no devolver los rescates está en una situación de MOROSIDAD OFICIAL, y ni siquiera el gobierno o el Estado tienen el derecho de condonar esa deuda pues solo un referéndum al respecto podría dar legitimidad a que unilateralmente un partido político en el poder condone la deuda por rescate.

La figura de una sociedad mercantil está teniendo unas atribuciones y derechos por encima de cualquier ciudadano, cuando no está contemplada tal superioridad ni ventaja en ninguna ley de derechos fundamentales. No todos somos iguales ante la Ley por lo que la misma Ley se convierte en ilegal.

Los bancos son rescatados y deben dinero a los ciudadanos, pero los bancos además de manejarse con el dinero de los ciudadanos, cobran gastos por servicios, cuando nos deben dinero público por rescate además de dinero privado por los intereses que además de no entregar son superados por el dinero que cobran por servicios de mantenimiento de cuenta.

La situación de los partidos en los gobiernos que no permiten y consienten estos tratos mercantiles demuestran estar en el poder al servicio de la banca y jamás de los ciudadanos.

Si la banca es acreedora del Estado por la compra-venta incesante de deuda, la responsabilidad directa es del partido político en el gobierno que han montado este estado y de los gobiernos como plan para controlar naciones. Círculo vicioso y además obligados por la misma banca para discapacitar las actuaciones del Estado , lo que se llaman vicios ocultos, de los que es imposible salir.

El gobierno representa a los ciudadanos dentro del marco de una buena gestión. No de la incompetente e irresponsable.

La gestión incompetente es delito pues se les supone; y así lo acreditan en periodo electoral la preparación para acometer las tareas de Estado

Votar a un partido no legitima estas prácticas -al no haber una consulta exclusiva en el referendum electoral sobre actuaciones concretas que tampoco lo permite siendo todo un paquete difuso-, pues el pueblo no ha sido consultado para la mala praxis, máxime cuando todo prometen reducción del gasto y del aparato del estado.

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